Archive for Observatorio Nacional

El pueblo de Purús, Ucayali, se va al Brasil

Esta comunicación ha circulando en distintos medios (blogs, correos electrónicos, listas de interés). Básicamente el tema es la existencia de un pueblo, Purús, donde sus habitantes (que no tienen caminos de acceso al resto del Perú) poco a poco están migrando hacia el Brasil…

parte uno de la carta dirigida a la defensora del pueblo
parte dos de la carta dirigida a la defensora del pueblo

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La deshonra rusa por Josep Ramoneda

Fuente: El País

En La deshonra rusa, Ana Politkovskaya señalaba tres razones por las que no le gustaba Putin: el racismo, un racismo a menudo invisible, como es propio del siglo XXI, que se va extendiendo por todo el país; la antirreconciliación, es decir, la voluntad de mantener a la ciudadanía en permanente combate contra un enemigo, en este caso, el mal caucasiano; y la justicia sumaria, “cargarse a los terroristas en los meaderos”, conforme a la célebre frase de Putin; otorgar a las fuerzas de seguridad y sus círculos concéntricos poder para actuar permanentemente bajo el principio de excepción de la ley.
El pasado sábado Ana Politkovskaya fue víctima de esta justicia sumaria que ella denunció. Es muy probable -sobre todo si Estados Unidos y Europa siguen hipnotizados ante Putin- que las versiones oficiales del caso atribuyan el asesinato a un perturbado, un borracho, un asaltante callejero o un enemigo personal de la periodista. Ana Politkovskaya, como todo periodista crítico en Rusia (y quedan ya muy pocos) había sido amenazada desde todo tipo de instancias oficiales y paraoficiales y había sido señalada repetidamente como un enemigo, especialmente por parte del Gobierno títere que Putin instala en Chechenia. De modo que sólo hay dos hipótesis verosímiles para su asesinato: o ha sido ordenado y organizado directamente desde el poder ruso, ya sea en su versión central o en su versión chechena, a través de cualquier terminal de los servicios de seguridad (la hipótesis más probable); o ha sido obra de gente contaminada y alentada por el discurso nacionalista desplegado por los medios del poder, es decir, casi todos los medios de comunicación, que convierten a cualquier discrepante en traidor a la patria.

“La Rusia de Putin -había escrito la Politkovskaya- es moralmente aún más sucia que la de Yeltsin. Se parece a un vertedero cubierto de basura y de zarzas”. La infección que produjo “la gangrena moral” de Rusia tiene sus orígenes en el pasado soviético, pero su raíz inmediata en la guerra de Chechenia. “La guerra no se habría iniciado -dice la periodista- si el teniente coronel Putin, poco conocido de la opinión pública, no hubiese necesitado aumentar sus cuotas de popularidad para las elecciones presidenciales”. Putin buscó en la sangre de Chechenia su legitimidad y sobre ella ha construido un régimen neoautoritario que se caracteriza porque todos los hilos del poder (ejecutivo, judicial, legislativo, económico y mediático) convergen ya no sólo en el Kremlin, sino directamente en el despacho del presidente; y porque la Constitución -al modo de lo que ocurría en la Unión Soviética- es irrelevante, porque son las prácticas políticas y judiciales que la arbitrariedad del poder único impone lo único que cuenta.

Decía Tzvetan Todorov en Memoria del mal, Tentación del bien que “dado que (en la Unión Soviética) el poder del partido sustituía la autoridad del Estado, la caída de uno ha revelado la desaparición del otro. La ausencia de Estado es peor que la presencia de un Estado injusto porque deja el campo libre a la pura confrontación de fuerzas brutas, y a un ascenso impresionante de la criminalidad”. Años después, sobre estas fuerzas brutas, Putin ha construido su Estado personal, en el que se persigue a cualquier medio de comunicación que no acepte el juego del Kremlin; se destruye a los empresarios que no forman parte del núcleo de amistades; se somete al poder legislativo, convirtiendo a cualquier oponente en invisible; se aplica la justicia sumaria a los que estorban; y se ejerce -conforme a la tradición rusa- un nihilismo de Estado para que nadie olvide que el material humano es, para el poder, carne de basura. La Politkovskaya estaba investigando una de las más abrumadoras demostraciones de esta creencia de que matar es un fin en sí mismo: la matanza de la Escuela de Beslán, en que Putin demostró que para él los niños no eran más que figurantes de su orgía nihilista.

Esta es la Rusia que Putin está construyendo con el petróleo como arma estratégica para hacerse respetar, ante la complicidad de los líderes occidentales, que le blanquean todos sus crímenes a cambio del suministro energético y de un control, sin reparar en medios, de su inmenso país. La economía rusa se aguanta con el dinero del petróleo, la arbitrariedad de un Estado de derecho sometido al capricho del poder dificulta enormemente las inversiones extranjeras y da como resultado una economía mafiosa, fundada en el amiguismo y las simpatías cambiantes del poder político. Dice Javier Solana que un día le dijo a Putin: “No se ha visto nunca un solo producto made in Rusia en las tiendas de Europa. Y eso sí debería preocuparte”. Así es de artificial la economía rusa.

Y, sin embargo, Bush trata a Putin como un socio privilegiado y fiable; Schroeder, que siempre miró a Moscú, no tiene ningún reparo, al dejar el poder, en irse a ganar dinero en una terminal del complejo energético ruso; Aznar le apoyaba incondicionalmente contra los chechenos, porque todos los terrorismos son iguales; Chirac y Zapatero le ven como un aliado útilen sus desencuentros con los americanos. Y así sucesivamente. ¿Después del asesinato de Ana Politkovskaya, seguirá todo igual? Me temo que sí, que las cosas no irán mucho más lejos que diplomáticas protestas de ritual con expresiones de confianza en la justicia rusa. Puro sarcasmo.

¿Por qué este temor de Putin? La razón presuntamente objetiva que me han dado en conversaciones privadas algunos dirigentes políticos tanto de la derecha como de la izquierda europea es el miedo a Rusia. La Unión Soviética era una bomba retardada cuya explosión podía haber hecho saltar el mundo. Putin ha sido capaz de poner orden y ha evitado el caos. Nuestros líderes demócratas no hacen ascos a los líderes autoritarios cuando se trata de resolver conflictos en territorio ajeno.

El razonamiento, sin embargo, encubre errores anteriores y es de una cortedad manifiesta. Encubre errores anteriores: el régimen autoritario de Putin ha sido posible, en buena parte, porque la presión de Estados Unidos forzó un paso brusco del socialismo al capitalismo, sin crear previamente las condiciones legales necesarias, sin buscar los ritmos adecuados para que el proceso fuera asumible por la sociedad. El resultado fue que un sector de la misma nomenclatura soviética se metamorfoseó en poder económico y político a la vez. Y así se impidió la construcción de una democracia sosegada. De cortedad manifiesta: ¿qué es más peligroso para Occidente, el caos que dicen que Putin ha evitado o el régimen autoritario que este hombre ha construido, que como todo el mundo sabe dispone de petróleo y de armas de destrucción masiva?

No creo en el fatalismo de los pueblos. Pero es posible que, como escribía Ana Politkovskaya, “la esclavitud es nuestra perdición. Pero también nuestro fetiche. Nos encanta ser esclavos”, todo el mundo tiene la costumbre de “alinearse con el zar, nuestro padre”. Sobre estos hábitos de sumisión y con el eterno recurso al discurso nacionalista, Putin ha construido su sistema. Ahí están los resultados: La ejecución sumaria de gentes incómodas por la salud del zar y de la patria. El nacionalismo mostrando cada día un poco más su feroz y violenta cara en las calles de Moscú. Ahí están los gobiernos occidentales, dejando a su triste suerte a los demócratas rusos, y apuntalando, cada día un poco más, el régimen de Putin. ¿Servirá la muerte de Politkovskaya para que se empiece a mirar a Rusia de otra manera? ¿O se permitirá que el Cáucaso siga siendo el territorio en que Putin enciende la llama del nuevo nacionalismo autoritario ruso?

Cuando la indiferencia y el miedo se imponen, cuando todo se justificaba por la lucha contra el enemigo, cuando política, justicia y dinero se conjugan en una misma persona, la democracia languidece, el poder se concentra y los matones campan a sus anchas. Y cuando se juega, como ocurre ahora en el mundo, con las doctrinas de homogeneidad étnica y con la apología del comunitarismo nadie está a salvo de esta deriva. Politkovskaya nos lo recordó mil veces y nadie le hizo caso. Ella está muerta. Y Rusia profundamente enferma.

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Paro de 48 horas en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya

Fuente: SER Altiplano

El día de hoy 25 de setiembre se ha iniciado un paro de 48 horas en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya. Decisión que fue tomada semanas atrás por el Comité de Vigilancia del Medio Ambiente del distrito de Crucero conjuntamente con el alcalde, gobernador, tenientes gobernadores y los jueces de paz del distrito, además de autoridades de Potoni, organizaciones de regantes, integrantes del Frente de Defensa de los Intereses de Crucero, Rondas Campesinas y otras organizaciones.

En ese sentido, el día de hoy se trasladarán a la zona de Ananea (Huachan, Chaquimina, Pampa Blanca) donde se efectúan actividades mineras que contaminan las aguas del río Crucero, con la finalidad de solicitar la paralización de estas actividades. Asimismo, otras demandas han incluido en su pedidos son la declaración en emergencia de todas las cuencas y microcuencas del lago Titicaca, por los graves problemas ambientales. La suspensión inmediata de las actividades mineras hasta que se evalué y se determine la responsabilidad y legalidad de sus operaciones, respondiendo a una autorización de las comunidades, la aprobación del estudio de impacto ambiental entre otros procedimientos.

Se sabe también que los mineros de los lugares mencionados habrían tomado acciones y medidas para contrarrestar el paso de los manifestantes, realizando la apertura de zanjas en varias zonas del lugar.

Erwin R. Gutiérrez H.
Asociación SER
Oficina Regional Puno

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Perú-Chile: Los problemas debajo de la alfombra. Por Rodrigo Montoya

El segundo gobierno de Alan García Pérez acaba de firmar un nuevo acuerdo con Chile, festejado oficialmente con muchos brindis y besitos. Hace seis meses, ante la posibilidad de una victoria de Ollanta Humala - ex comandante del ejército, que se define como un nacionalista- la derecha peruana y el llamado partido socialista chileno estaban muy seriamente preocupados. Mirar solamente hacia delante y no volver los ojos sobre el pasado es la política que privilegia el olvido y sacrifica la memoria.  Como el presente no existe sin el pasado y tampoco existe el futuro sin el efímero presente y el pasado, la propuesta de no mirar  atrás sirve para esconder debajo de la alfombra los problemas que molestan.

A través de una guerra entre 1879 y 1884  el ejército chileno invadió el territorio peruano para apropiarse del salitre del  sur peruano. En esa aventura contó con la complicidad de los británicos.  Como no hay guerra limpia, el ejército chileno saqueó todo lo que pudo, mató sin escrúpulos, y hasta incendió la Biblioteca nacional y se robó millares de libros, muchos de los cuales fueron y son aun vendidos por libreros en diversos lugares del mundo. Don José Mindlin, el extraordinario bibliófilo brasileño  compró el manuscrito “Recuerdos de la monarquía peruana, bosquejo de la historia de los Incas” de don Justo Apu Sahuaraura Inca y ofreció su ejemplar para que Telefónica publique una excelente edición facsimilar en 2001.

El matrimonio del neoliberalismo norteamericano con  la dictadura de Pinochet  y los gobiernos llamados socialistas  ha producido un crecimiento de la burguesía y, al mismo tiempo, del Estado. Chile exporta capitales a diversos países de América Latina. Habría invertido ya en Perú alrededor de cuatro mil millones de dólares, mientras que el capital de peruanos inversores en Chile sea, tal vez, de cuarenta millones. Empresarios chilenos tienen el monopolio del ferrocarril Cusco-Machu Picchu y disfrutan de la concesión del Hotel Machu Pichcu, muchos otros  hoteles,  grifos y farmacias. Están comprando también tierras en  Urubamba, el Valle sagrado de los Incas. Controlan puertos, líneas de transporte interprovincial de largas distancias, parte de las empresas eléctricas, tienen grandes cadenas de tiendas. En el valle de Ica, compran tierras con el fin preciso de exportar.

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Las rejas del bien común por Pepi Patrón

Fuente: La República

“Se ha terminado viviendo en guetos cerrados con rejas y buscando satisfacer necesidades de manera particular.”

Tenemos en el Perú una extraña experiencia de lo público. Un transporte público que no lo es; más bien es una jungla privada. Una educación pública que es sinónimo de deficiencia. Una salud pública que llega muy lentamente a pocos. La empresa pública ha llegado a ser casi una mala palabra.

¿Por qué tanto desprestigio o debilidad de lo público en nuestro país? Hay quienes piensan que la ola privatizadora de la década pasada puso tanto énfasis y empeño en el mercado que el concepto de lo público, vinculado en el sentido común al Estado, resultó totalmente devaluado.

Creo que el problema es más profundo y bastante más antiguo que diez años. Veamos un poco su significado y su historia. Si nos atenemos al Diccionario de la Real Academia Española, viene del latín respublica y refiere al cuerpo político de una nación y a una forma de gobierno en el que el poder reside en el pueblo; no es, pues, sinónimo de Estado o de religión.

En sentido fuerte, público significa aquello que es común a todos, a diferencia de lo privado, que nos atañe de manera particular. Público nos remite a aquello que es de interés general, de todos; en última instancia el bien común. Incluso quienes desde el pensamiento liberal –como el norteamericano J. Rawls– discuten la noción misma de bien común, consideran que lo público atañe a cuestiones constitucionales esenciales y de justicia básica. Es decir, aquello que nos afecta a todos.

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Minería: Entre el aporte voluntario y la prevención de conflictos

Fuente: Web de Cooperacción
El Consejo de Ministros, presidido por el Dr. Jorge Del Castillo, se presentó ante el pleno del Congreso el pasado 24 de agosto de 2006. La exposición del primer ministro permitió confirmar algunos anuncios sobre lo que se había especulado en las últimas semanas. Sin duda uno de los temas más debatidos había sido el del aporte voluntario solicitado a las empresas mineras y que debe ser destinado al denominado Fondo para la Igualdad.

Del Castillo anunció que la negociación con los mineros “ha permitido llegar a un acuerdo […] el sector minero va a aportarle al país 2,500 millones de soles para llevarlo en obras concretas a los más pobres del Perú” . Señaló que se había optado por la formula del aporte voluntario debido a que esta solución “respeta el principio de estabilidad jurídica y a la vez permite obtener un aporte inmediato” que será destinado “a luchar contra la pobreza, la desnutrición y la exclusión social en las zonas más deprimidas del país”.

El debate parlamentario, declaraciones posteriores de miembros del gabinete y de los propios empresarios mineros, han permitido aclarar algunos puntos aunque todavía se mantiene la duda sobre algunos temas importantes.

Por ejemplo, está claro que el “aporte inmediato” anunciado no será tan inmediato. En todo caso, la cifra de 2,500 millones de soles espera ser alcanzada en los próximos cinco años; lo que significa un aporte aproximado de 500 millones por año que está muy por debajo de lo que algunos miembros del gabinete habían anunciado en los días previos.

Si bien se ha enfatizado que este aporte no compromete “las obras de responsabilidad social que hacen las empresas”, este es un tema que debe ser analizado con mayor detenimiento debido a la complejidad de fórmulas que han sido adoptadas por cada empresa y que hace sumamente difícil el registro de los distintos aportes y sus perspectivas. Por ejemplo, en Tintaya la empresa ha firmado un acuerdo marco que vence el próximo año y que debía ser renegociado. ¿Los resultados de esa negociación serán fondos independientes del aporte extraordinario acordado con el gobierno o pasarán a formar parte de él?

Pero también hay otros detalles que faltan precisar, por lo que será necesario revisar con mucho detenimiento el acuerdo marco y los convenios individuales que los empresarios han anunciado que firmarán con el gobierno en las próximas semanas para sellar lo pactado. Miembros de la Sociedad Nacional de Minería anunciaron en la conferencia de prensa realizada en la Presidencia del Consejo de Ministros el 25 de agosto, que solamente ha concluido la primera parte de la negociación. Por lo tanto habría que preguntar ¿qué es lo que falta negociar y qué es lo que esperan? Aquí presentamos algunas pistas sobre los temas pendientes: ¿cómo se manejará el fondo? ¿Cuál es el precio base para mantener el aporte extraordinario o en qué condiciones el aporte desaparecería? Y finalmente uno de los temas más controversiales ¿el aporte será deducible del impuesto a la renta como anhelan las empresas?

Las empresas han comenzado a sentar su posición sobre algunos de estos temas y se han reservado otros para la segunda parte de la negociación con el gobierno. Sobre el manejo del fondo algunos de sus voceros ya han anunciado que debe ser liderado por ellos con la participación de gobiernos regionales, municipales y representantes de la sociedad civil; la propuesta es crear fondos regionales . Cabe señalar que esta fórmula, en la práctica, es la que se ha venido implementando todos estos años alrededor de los aportes voluntarios en las zonas de influencia directa de sus operaciones.

En relación a la duración del aporte voluntario no hay hasta el momento ninguna precisión, aunque algunas empresas han comenzado a hablar de tener como referencia una banda de precios. También preocupa que no se haya dicho nada sobre si el aporte extraordinario será deducible, por ejemplo, del pago del impuesto a la renta como lo desean las empresas. Este es un tema crucial sobre el cual el titular del Consejo de Ministros no ha dicho absolutamente nada.

Lo cierto es que este nuevo capítulo que define las relaciones entre empresas mineras y el Estado afirma una tendencia peligrosa; la renuncia del Estado a asumir su rol de recaudación, a la legítima facultad que tiene de regular y por ejemplo definir nuevos impuestos. Si bien es cierto que algunas empresas tienen convenios de estabilidad jurídica, esto nunca ha sido un real impedimento para que puedan ser revisados bajo un esquema de negociación responsable y respetuosa. Esto ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo en el Perú y en cualquier parte del mundo. Está claro que se está optando por otra vía que confirma un escenario de desregulación y afirma la propuesta preferida por las empresas: mecanismos voluntarios y autorregulación. De nuevo, más de lo mismo.

El otro tema planteado en el discurso del Primer Ministro es la creación de una unidad de prevención de conflictos que tendrá por finalidad “articular con los poderes del Estado, organizaciones empresariales y sociales para la prevención y solución temprana de conflictos que pueden dañar la gobernabilidad del país”. “Nos estamos adelantando a los acontecimientos” ha señalado Del Castillo en una reciente entrevista .

En realidad no se están adelantando mucho, como lo demuestra el conflicto de Combayo. Además, la iniciativa de una unidad de conflictos tampoco es una novedad; en la administración pasada ya existía una, precisamente en la Presidencia del Consejo de Ministros. Por lo tanto se debe revisar con atención las experiencias pasadas y cualquier nueva intervención tiene que partir de aceptar que la primera gran tarea para cualquier organismo del Estado es recuperar la confianza de todos los actores, sobre todo de las poblaciones. No debemos perder de vista que el Perú es un país que presenta una débil gobernabilidad y que por ejemplo el conjunto de instituciones vinculadas a la minería, a la gestión ambiental y al desarrollo del país, no han contado con las capacidades ni con las herramientas para gestionar de manera adecuada los conflictos y convertirlos en una oportunidad.

El desafío por lo tanto es construir una institucionalidad acorde con las demandas, que tenga una real capacidad de gestión para manejar la dimensión social y ambiental de los conflictos. Esto implica, por ejemplo, revisar el papel que han desempeñado diferentes dependencias estatales vinculadas con la problemática minera y buscar construir un escenario de gestión equilibrada, independiente y de colaboración entre los diferentes grupos de interés en las zonas mineras. Es sólo de esta manera que los organismos del Estado peruano, encargados de la gestión minera, podrán recuperar la confianza de las poblaciones y superar la percepción que su actuación no es neutral.

Finalmente, también se mencionó en el discurso el tema laboral: el exceso en el uso de los services y el hecho que los trabajadores que no tienen relación directa con las empresas mineras no acceden al cobro de utilidades. La propuesta presentada por el Primer Ministro plantea que los trabajadores de los services tengan acceso al pago de utilidades. Las empresas se han pronunciado a favor y todavía falta saber cuál será la posición de los sindicatos.

Sin duda el tema minero seguirá siendo fuertemente debatido en las próximas semanas. Las propuestas planteadas por el premier apenas abordan algunos aspectos de una agenda minera que es sumamente compleja, como nos lo recuerdan los conflictos. Además, no habrá que perder de vista los convenios que se firmarán con las empresas.

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El tercer piso del andamiaje (Parte II) por Giovanna Aguilar y Sílvio Rendon

Resumen:
En este artículo los autores sostienen que el gobierno de Alan García estaría caracterizado por dos continuidades en conflicto: la persistencia en el modelo económico de los gobiernos anteriores y, segundo, los estilos de gobernar que caracterizaron al primer gobierno de García. Más allá de las esforzadas señales de responsabilidad fiscal, lo que se avizora son expansiones del gasto público y del crédito, financiadas mediante reservas internacionales heredadas del gobierno anterior y préstamos de organismos multilaterales; este es un esquema similar al aplicado por García en sus primeros dos años de gobierno.

La parte uno fue publicada en Argumentos No 1, marzo 2006

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Este artículo será publicado en la revista Palestra, de la Pontificia Universidad Católica del Perú

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Opiniones sobre la presentación de Del Castillo en el Congreso

A raíz de la presentación del primer ministro Jorge Del Castillo han ido apareciendo algunas opiniones, favorables y críticas, sobre los distintos anuncios que el premier ha lanzado en el Congreso de la República. Conforme vayan apareciendo iremos actualizando este post.

Fernando Rospigliosi: El Concertador (link)

Carlos Basombrío: Parece que se hará camino al andar (link)

Humberto Campodónico: ¿Serán 500 millones de soles anuales durante 5 años? (link)

Aldo Mariátegui: Mucho dinero para usar bien (link)

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El discurso de Jorge del Castillo, primer ministro peruano, en el Congreso

A disposición de todos, el discurso de Jorge del castillo, en el Congreso de la República. En el documento se pueden ver las próximas líneas de acción del nuevo gobierno de Alan García (2006-2011).

Conforme vayan avanzando los días iremos actualizando este post con los comentarios correspondientes.

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Sobre la eliminación de prefecturas y subprefecturas

Javier Torres, de la Asociación Servicios Educativos Rurales, ha difundido la siguiente carta, con la opinión de dicha institución sobre la eliminación de prefecturas y subprefecturas.

Sirva la presente para saludarlos cordialmente y a la vez hacerles llegar la opinión de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), sobre el proyecto de Ley para la eliminación de prefecturas y subprefecturas y de los cargos de confianza adscritos a dichas dependencias.

La eliminación de las prefecturas y subprefecturas a lo largo de nuestro territorio nacional, nos parece una medida adecuada. Estas “autoridades políticas”, que responden a un esquema de representación presidencialista, no han demostrado un cumplimiento eficiente de su función. La reforma descentralista en curso, pone de manifiesto su carácter impuesto, en detrimento de funciones que deberían cumplir los gobiernos subnacionales. Por otro lado, las prefecturas y subprefecturas implican un gasto administrativo y una alta carga burocrática en la estructura del aparato estatal que no se justifica dado el resultado de sus acciones como autoridades políticas en sus jurisdicciones. Más aún, en el contexto del proceso de descentralización, no tiene sentido seguir manteniendo estos cargos que responden a una estructura centralizada del Estado, en tanto son representantes del Ejecutivo Nacional.

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