Desde su blog, Eduardo González, sociólogo peruano que vive actualmente en Nueva York, ha escrito un texto de reflexión sobre el 11 de setiembre y los lugares de la memoria.

Los lugares donde ha tenido lugar una atrocidad nos sorprenden por su silencio, por el contraste entre la inocencia del escenario y la maldad de los actores. Quien va a Auschwitz -por ejemplo- no puede imaginarse que esa pampa de yerba crecida haya sido un campo de exterminio y ningún intento de modificar el paisaje seria suficiente para que la mente aprehenda un horror tan oceánico.

Por eso, todo intento de monumentalizar la memoria del terror choca con un doble riesgo: el de la insuficiencia, por un lado, y el de la pompa vacua, por el otro. No es sencillo levantar un monumento en un lugar como Auschwitz y -por eso- es tal vez apropiado que la conmemoración se limite a la demostración de los hechos. En Auschwitz, el museo, levantado en las antiguas oficinas administrativas del campo de concentración, muestra a los visitantes, en una sala tras otra, los rastros mudos de la catástrofe: aqui una pila de zapatos viejos que llega hasta el techo, allá, miles de monturas de lentes; aún más allá, detras de una altísima vitrina, una nube gris revela a quien se acerca lo suficiente una montaña de cabello humano.

A unas cuadras de mi oficina -en el sur de Mannhattan- hay un enorme espacio abierto esperando significado. Para quienes alguna vez estuvieron ahí, a la sombra de las torres, en una época que ahora parece normal, es difícil relacionar pasado y presente; los antiguos cañones sombríos de Mannhattan bajo los rascacielos y este inmenso agujero polvoriento bañado por el sol. Se ha iniciado hace ya un buen tiempo la reconstrucción de la zona y -en los debates sobre cómo proceder- se hace evidente el desconcierto de un país que ha fracasado en articular una memoria poderosa sobre el once de setiembre (11-S). (ver artículo completo)

Fuente: Perú.21

El tercer aniversario de la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es una buena ocasión para reflexionar sobre nuestra actitud frente a la posguerra y sus secuelas.

Cuando hace algunos años viajé a Chile me sorprendió saber que las bajas provocadas por la represión de Pinochet no eran treinta mil, sino alrededor de 3 mil muertos y algo así como mil desaparecidos, cifras de las Comisiones de la Verdad aceptadas por el grueso de los chilenos. Cada chileno muerto resonó, pues, en los medios de comunicación como si fuera diez. En cambio, en el Perú, se hablaba de 25 mil muertos, pero según el informe de la CVR el saldo final fue tres veces superior. Por cada tres peruanos desaparecidos los medios registraron uno.

Creo que esto expresa bien cómo se relacionan las sociedades chilena y peruana con las víctimas de la violencia. Para su sociedad la vida de un chileno vale mucho, mientras que en nuestro país la vida de un peruano vale muy poco.

La razón de esta diferencia no es un misterio: en Chile, y en general en todo el Cono Sur, las víctimas de la violencia pertenecían mayoritariamente a la clase media y esta tiene visibilidad social y política; capacidad de presionar, movilizarse y crear opinión pública. En Argentina el movimiento de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo tiene ya tres décadas presionando, habiendo impedido que los intentos por lograr la impunidad para los asesinos tengan éxito. En Chile, el Estado, las Fuerzas Armadas y hasta la Marina han reconocido su responsabilidad y pedido perdón a la sociedad chilena y a los deudos por lo sucedido. Se ha reparado e indemnizado individualmente no solo a los deudos de los asesinados, sino también a las 36 mil víctimas de la tortura, cosas que entre nosotros suenan a un sueño imposible. En cambio en el Perú las tres cuartas partes de los muertos eran indígenas: gente con una ciudadanía de segunda, muchos de ellos indocumentados. La violencia se inició justamente cuando por primera vez los analfabetos iban a votar, y aproximadamente el 20% de los peruanos en edad de votar no tenían documentos de identidad, gente de las zonas más pobres del país, precisamente las más afectadas por la violencia.

Por eso tantos muertos (que superan largamente los de nuestros más grandes conflictos internacionales, la independencia y la guerra con Chile) pesan muy poco sobre la conciencia de los peruanos. No se percibe a las víctimas como compatriotas a plenitud y por momentos se tiene la impresión de que esta fuera una guerra que se desarrolló en otro país. Precisamente esta sensación de extrañeza, que duró durante el conflicto interno mientras la guerra no golpeaba en Lima, es una de las razones que permitió la impunidad, la que a su vez alimentó las nuevas violaciones de los derechos humanos.

¿Cómo podríamos construir una democracia consistente si entre nosotros seguimos tratándonos de esta manera?

Fuente: Letras Libres

La “memoria histórica” no se debe concebir como instrumento de control político, pero todo indica que así es, y que con ello se persiguen objetivos nítidos y nefastos. Ana Nuño advierte sobre una perturbadora nacionalización de la historia.

“Es deseable que una nación sea lo bastante sólida en sus tradiciones y honor para tener la valentía de denunciar sus propios errores. Pero nunca ha de olvidar las razones que justifican la estimación de sí misma. Es peligroso exigirle que se reconozca culpable y sólo culpable y condenarla a una pena perpetua”.
Albert Camus, Discursos y entrevistas

La aprobación de un conjunto de leyes “memoriales”, a las que recientemente se ha sumado un encendido debate parlamentario en torno a la proposición de ley de penalización de la negación del genocidio armenio, ha abierto en Francia un interesante y legítimo debate acerca de los límites que sería deseable trazar entre la libertad de investigación de los historiadores y la represión judicial de la divulgación de determinadas versiones de la historia. En diciembre de 2005, diecinueve historiadores de renombre (entre otros, Elisabeth Badinter, Marc Ferro, Mona Ozouf, Jean-Pierre Vernant, Pierre Nora, Pierre Vidal-Naquet y Michel Winock) publicaron en un popular diario1 un manifiesto, titulado “Libertad para la Historia”, en el que declaraban su tajante rechazo de “las cada vez más frecuentes intervenciones políticas en la estimación de sucesos del pasado y los procesos judiciales contra historiadores y pensadores”.

Más de cuatrocientos universitarios sumaron sus firmas a las de los promotores de esta iniciativa, en la que específicamente se definían como liberticidas artículos pertenecientes a cuatro leyes aprobadas: del 13 de julio de 1990, conducente a la represión de actos racistas, antisemitas y xenófobos (conocida como ley Gayssot); del 29 de enero de 2001, sobre el reconocimiento histórico del genocidio de los armenios de 1915; del 21 de mayo de 2001, mediante la que se reconoce que la trata y la esclavitud constituyen crímenes contra la humanidad (llamada ley Taubira), y del 23 de febrero de 2005, dedicada al reconocimiento del “papel positivo” de la colonización francesa en el Norte de África. Vale la pena citar extractos del manifiesto de los historiadores franceses, aunque sólo sea para tomar conciencia de la absurda situación en la que hoy se encuentran estos profesionales, obligados a desgranar el más elemental recordatorio de los objetivos de su disciplina, situación a la que conduce el excesivo celo de los poderes públicos metidos a legislar sobre lo que sea históricamente correcto o incorrecto:
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Lima, 11 de agosto 2006

En los primeros diez días de su segundo mandato el presidente Alan García Pérez, acaba de iniciar una campaña  para que Perú vuelva a tiempos del ojo por ojo y diente por diente. Se inspira en la ley del talión de la Biblia y propone que los violadores de niños deben ser condenados a muerte. El es un convencido de la necesidad de esa pena legal a ilegalmente. Cuando en 1986 era Presidente de la república y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, cerca de trescientos presos acusados de senderista fueron liquidados y ultimados por las fuerzas armadas en las cárceles de Lima. Ahora, se siente intérprete del sentir popular. Como más del 70 de la población quiere la pena de muerte para los violadores de niños, tres meses antes de las elecciones regionales y municipales. Con el mismo razonamiento de los responsables de la TV basura, cree que debe dársele  al pueblo lo que le gusta.  En vez de actuar como estadista, colocándose encima de la reacción primaria del ojo por ojo, prefiere apelar a un gesto muy fácil y confundirse con quienes reaccionan frente a los hechos clamando simplemente la venganza.

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Fuente: La República, 12 de agosto de 2006

En estos días se ha venido debatiendo sobre la pena de muerte en caso de violación y muerte de menores de edad. Por otro lado, se ha hecho referencia a la preocupante situación de los militares investigados por violación a los DDHH.

El caso de la violación sexual en las Bases Militares de Manta y Vilca, que presentó la CVR al Ministerio Público, grafica claramente dónde radican los problemas que deben enfrentar las víctimas de este delito, y que determinan que no se aplique ninguna sanción a los responsables, a pesar de que distintas reformas al Código Penal han ido agravando las penas para el delito de violación.

El informe de la CVR sobre este caso fue entregado al Ministerio Público el 8 de setiembre de 2003. Sin embargo, la investigación fiscal se inició el 15 de marzo de 2004. Se trata de 26 mujeres que, entre 1984 y 1995, fueron violadas sexualmente por integrantes de ambas bases militares. Es probable que varias de ellas fueran menores edad cuando ocurrió el abuso sexual. La CVR logró identificar, con nombres y dos apellidos, a siete presuntos responsables. Además logró identificar el nombre y apellido de un soldado, el primer apellido de un teniente, y conocer los seudónimos que utilizaban otros tres militares que también habrían abusado sexualmente de la mujeres. En cada uno de estos casos, la CVR señaló el nombre de la víctima así como el mes y año en que ocurrió la violación sexual. Por otro lado, se han presentado las partidas de nacimiento de 6 niños, que habrían nacido como producto de la violación sexual, y que fueron inscritos con el apellido de los militares, y por lo tanto aparecen en dichas partidas los nombres completos de los presuntos violadores.

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Por Rocío Trinidad (1)

desco / Revista Quehacer Nro. 160 / May. – Jun. 2006

La importancia y las expectativas que la población tiene en la educación son hechos indudables. Sin embargo, lo debatible es ¿por qué también para el Estado y sus representantes la educación es importante y genera expectativas? ¿Por qué su interés en que las jóvenes generaciones formen parte del sistema educativo? ¿Es solo el ejercicio de la responsabilidad estatal u obedece a una estrategia de supervivencia? ¿Cuál es el rol de la educación y el uso que hace de la memoria y la historia en la manutención de la supervivencia del Estado? ¿Cómo juegan la memoria y la historia en la construcción de la nación y de los nacionalismos? Intentaré responder a estas preguntas presentando los casos de los Estados Unidos, Ucrania, Serbia, Ruanda y la Alemania nazi, incidiendo en los excesos y riesgos de la utilización del sistema educativo como instrumento para la construcción de la nación y como arma para construir nacionalismos, ello con el fin de repensar nuestra experiencia a la luz de los últimos acontecimientos.
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Artículo publicado en revista Debate 158, Buenos Aires, jueves 23 de marzo de 2006

De 1976 persisten dos efectos. En primer lugar, el carácter excepcional de la represión, que hoy calificamos como terrorismo de estado, convenció tanto a civiles como a militares (que siempre estuvieron aliados en los golpes) de que una intervención militar que desalojara a un gobierno democráticamente elegido ya no debía volver a suceder en la Argentina. En estos treinta años transcurre el período más largo en todo el siglo XX de gobiernos democráticos sin interrupciones militares. Y ello ha sido posible porque hubo juicio para muchos de los responsables del terrorismo de estado, comenzando por las tres primeras juntas. No hay otro país en América Latina donde se hayan condenado tantos militares (hombres con mando de tropa y fuertes conexiones, jefes en actividad).

Para alcanzar este convencimiento hubo que disciplinar, depurar y subordinar a las fuerzas armadas con acciones políticas que fueron extremadamente riesgosas: el juicio a las juntas militares, la extensión de los juicios a otros responsables, que encendió las insurrecciones “carapintadas”, la autocrítica comenzada bajo el mando del general Balza y que culmina hoy con la de los altos mandos de la aeronáutica. Hubo retrocesos, avances, aplazamientos, políticas para aplacar a los responsables, leyes que interrumpieron los actos de justicia y nuevas leyes que los hicieron posibles, indultos simétricos para jefes militares y montoneros.

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