Fuente: La Vanguardia

El presidente Hugo Chávez reaccionó con furia contra los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE) y del Parlamento español por cuestionar la pulcritud de las elecciones legislativas del 4 de diciembre.

Por primera vez, diputados y senadores españoles de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Convergència i Uniò, Entesa Catalana de Progrès, PNV y Mixto (Eusko Alkartasuna), suscribieron una declaración que ha irritado al líder revolucionario venezolano.

Los congresistas españoles ven con gran preocupación la “polarización indiscutible” que han observado tanto entre las distintas fuerzas políticas como entre la ciudadanía. “Es evidente que Venezuela vive momentos de profunda fractura política y social en donde parecen quedar pocos espacios para el entendimiento y el diálogo entre el Gobierno y las principales fuerzas de oposición”, se señala en el informe. Asimismo, los congresistas expresan su inquietud por el resultado de un proceso en el que tan solo la coalición oficialista tiene representación parlamentaria. “Un Parlamento sin representación de la oposición plantea grandes incertidumbres en cuanto al funcionamiento normal y democrático de las instituciones”, se subraya.

Lo que más enoja al presidente Chávez es que los parlamentarios de España, un país que consideraba aliado para su pretendida causa revolucionaria, afirmen en su informe que el proceso electoral “refleja la desconfianza de un sector de la clase política y de la ciudadanía en el sistema automatizado de voto y en el poder electoral nacional”. Según los congresistas españoles, la alta abstención parece ser reflejo, entre otros factores, de esa desconfianza. “Nos preocupa que esta desconfianza genere mayor abstención e inhibición de la ciudadanía”, señalan en el comunicado suscrito por todos los partidos, a excepción de Izquierda Unida, partido que mantiene estrechos lazos con el régimen chavista.

Los observadores caen en una contradicción al afirmar que los comicios fueron justos y transparentes y, al mismo tiempo, hacen hincapié en que percibieron una “participación proselitista de funcionarios públicos de alto nivel, tanto nacionales como estatales y municipales, y una ausencia de mecanismos de control estrictos sobre el uso de recursos públicos y privados con fines políticos y electorales”. En su informe, la misión de la UE indicó que “amplios sectores de la sociedad venezolana no tienen confianza en el proceso electoral ni en la independencia de la autoridad electoral”. Los informes de la UE y del Congreso español sorprendieron al incluir expresiones que nunca habían reflejado con tanta claridad otras misiones de observación.

La oposición venezolana concede gran importancia que la UE destaque las “reiteradas violaciones” del presidente Chávez y de los ministros al inmiscuirse directamente en el proceso comicial.

Los observadores de la UE y del Parlamento español no supervisaron el referéndum revocatorio del mandato de Chávez, del 15 de agosto de 2004, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela rechazó sus demandas para poder realizar a cabalidad su labor. Su presencia en estos comicios legislativos ha podido ser determinante para que la votación no haya tenido un aval incondicional.

El año pasado, la OEA y el Centro Carter quedaron muy desprestigiados por refrendar sin ningún cuestionamiento los resultados del referéndum revocatorio. Días antes de estas legislativas, el jefe de la misión de la OEA fue criticado por formular un llamamiento a favor del voto tras la retirada de la mayoría de los partidos. Dirigentes de oposición recordaron a la OEA que la misión de los observadores no es fomentar la participación electoral, y menos en unos comicios en los que la abstención tenía un significado político tan señalado.

Días antes de la votación, el CNE permitió por primera vez que técnicos en sistemas de la oposición revisaran –en presencia de observadores de la UE y de la OEA- las llamadas “máquinas cazahuellas”; en cuestión de pocos minutos, los técnicos demostraron que era posible identifican lo que votaba cada elector. En forma taxativa evidenciaron que el voto no fue secreto en el referéndum del 2004 y tampoco lo iba a ser en las legislativas. Tras ese descubrimiento, el CNE ya no les permitió revisar ningún programa más. También se negó a permitir que hubiera un recuento manual de los votos. Todo se dejó en manos de un sistema plenamente automatizado que, según un estudio de 30 catedráticos y profesores de universidades públicas, se habría manipulado para cambiar el sentido del voto de millones de personas en el referéndum revocatorio del 2004.

Si en todos los países el secreto del sufragio es un requisito indispensable para que una votación sea limpia, en Venezuela lo es mucho más porque el Gobierno amenazó, chantajeó, sobornó y quiso obligar a votar, so pena de perder el trabajo o beneficios sociales.

Chávez tachó de “mentiras” los informes de los observadores. Dijo que tras investigar a las personas que integraron las misiones se percató que “casi todos son de la derecha mundial, de la extrema derecha diría”. “Estoy seguro que (con los informes) se nos ha sembrado una mina, se ha dejado un campo minado buscando la desestabilización en Venezuela, así lo denuncio, y estoy seguro de donde viene esa conspiración, una vez más, y estoy seguro que buena parte de ellos se prestaron para esa jugada, lamentablemente”, agregó.

Chávez, que tantas lisonjas prodigó en agosto del 2004 a los observadores de la OEA y del Centro Carter que dieron validez a un referéndum muy cuestionado, ahora los descalifica porque critican los aspectos más turbios de la votación (el centro Carter no participó en la observación de estas elecciones porque un buen número de venezolanos considera que en el revocatorio del 2004 favoreció al presidente Chávez).

Para contrarrestar los cuestionamientos críticos de los observadores de la UE y del Congreso español, Chávez pretendió utilizar una carta de los asalariados internacionales de izquierda para avalar al CNE. Pero las lisonjas de estos corifeos cayeron en saco roto.

Para la asociación civil Súmate, el informe de la UE contempla puntos importantes como “el efecto del miedo en la participación y la necesidad de nombrar un nuevo CNE”. Súmate consideró fundamental el tratamiento que dieron las misiones de la OEA, parlamento español y la UE a la “poca credibilidad” del CNE. María Corina Machado, directiva de Súmate, resaltó que los observadores internacionales pidieron cambiar al CNE, “porque existe una profunda desconfianza de la población en los rectores del Consejo”. Machado destaca que en ambos informes se reflejan como causas que podrían “poner en duda la legitimidad del nuevo Parlamento” el uso de fondos públicos para propaganda política, intimidación a los funcionarios para que acudan a sufragar, violación del principio de representación proporcional, sistema nacional de identificación sin control (Chávez ha nacionalizado a cientos de miles de colombianos), crecimiento exagerado del Registro Electoral (RE) y negativa a entregar el censo a los partidos políticos.

Cuatro de los cinco directores del CNE son señalados por la oposición de estar al servicio de Chávez. Para combatir la desconfianza, la misión europea recomendó a la electa Asamblea Nacional “designar lo antes posible una directiva del CNE compuesta por profesionales de prestigio e independientes de diversa procedencia y que disfruten de la confianza de todos los sectores de la sociedad”.

Aumenta la desconfianza en el sistema electoral venezolano por un sistema electrónico de votación totalmente automatizado, que no existe en ningún otro país del mundo y que ha sido desarrollado por una empresa que no ofrece mayores garantías. Eso siembra muchas sospechas, sobre todo porque el elector no tiene capacidad para comprobar lo que ha votado, mientras que el Gobierno sí que lo sabe. Además, no se ha dejado auditar este sistema por ninguna instancia independiente del Gobierno. Chávez se negó a oír al clamor popular que rechazaba elecciones sin credibilidad, creyendo, una vez más, que eran maniobras de una minoría que considera desacreditada, sin darse cuenta que los partidos, algunos a regañadientes, no hicieron otra cosa que responder a ese clamor que pedía la retirada de la contienda electoral.

“Ante este cúmulo de irregularidades y sospechas, en un momento muy polarizado de la situación política venezolana, los partidos democráticos decidieron no presentarse a los comicios porque no habían garantías”, señala Iñaki Anasagasti. El senador del PNV pudo comprobar personalmente que el voto no es secreto; al ser venezolano de nacimiento, su nombre, con todo su historial electoral, aparecía en un CD pirata que los buhoneros vendían en el paseo Sabana Grande. El CD contiene el registro del CNE, con la participación electoral de los doce millones de venezolanos, los que firmaron y los que no firmaron la solicitud de referéndum revocatorio, los que votaron y qué votaron en tal consulta, los que se abstuvieron, etc. Las versiones más modernas incluyen los datos de las elecciones municipales y de los comicios para gobernaciones de los estados.

La diputada chavista Iris Varela dijo el mismo día de las elecciones legislativas “al que no vote, lo botamos”. O sea, lo expulsamos, y lo dijo públicamente. También afirmó que los funcionarios que no son adictos al chavismo no merecen recibir un sueldo del Estado. Cuando un venezolano va a sacar un pasaporte, a pedir un crédito, a trabajar como funcionario o tiene que hacer un contrato con la administración, le sacan una lista diciendo “usted votó contra el chavismo, por tanto no puede hacer nada”. “Eso no es una democracia, es un régimen policial; entiendo que la gente tenga desconfianza en el sistema, ya que el voto no es secreto, lo que en una democracia es fundamenta. Hoy día en Venezuela se está viviendo un sistema policial”, ha declarado Anasagasti al diario “Deia”.

Una Asamblea Nacional elegida de espaldas a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos en apariencia podría verse como una victoria del oficialismo. Pero sería un triunfo pírrico, logrado a costa de perder de hecho buena parte de la legitimidad. Los diputados chavistas podrán cambiar la Constitución para que el caudillo se pueda reelegir hasta el 2030, podrán aprobar todas las leyes que se les ocurra, pero todo lo que hagan, tendrá escasa legitimidad y cierto carácter provisional. Algo muy similar a lo que le ocurrió a Alberto Fujimori en Perú, después que Alejandro Toledo retirara su candidatura. Fujimori ganó las elecciones a cambio de perder la legitimidad. Por cierto, el 28 de julio del 2000, Mariano Rajoy fue a la toma de posesión espuria de Fujimori en representación del gobierno de Aznar –bien asesorado, el príncipe Felipe no se prestó a dar brillo a la mascarada. El ahora líder del PP no escatimaba los ditirambos a Fujimori y los cuestionamientos a Toledo.

Algunos observadores españoles comentaron a este corresponsal que la principal característica de un árbitro electoral es la confianza que debe inspirar a los electores. La alta abstención –según estos observadores habría sido superior al 80 %, aunque después se maquillaron las cifras para que no fueran tan escandalosas- evidencia que los venezolanos, chavistas y no chavistas, no confiaban en un CNE sometido al Gobierno. Querían elegir, pero solo los dejaban votar.

Desde el referéndum revocatorio ha crecido en el electorado un profundo y fundado temor a ser identificado sobre su inclinación política. La aparición de CD piratas con toda la información sobre la trayectoria de cada ciudadano aumentó la convicción de que el proceso no era transparente. Hubo una abstención activa a pesar de los apremiantes llamamientos a votar de Chávez y sus ministros en incontables cadenas nacionales de radio y televisión (cuya transmisión era obligatoria para todas las emisoras). No votaron ni tan siquiera los beneficiados con los programas sociales de las llamadas “misiones”, los alfabetizados, los militares, los empleados públicos, el millón de reservistas y los nueve millones que compran en Mercal (cadena de tiendas, con más de 14.000 puntos de venta, en las que se ofrecen todo tipo de productos a precios subsidiados).

La pluralidad política no se refleja en el resultado electoral. La oposición demanda una Ley de Garantías Electorales, como lo acaba de hacer Colombia, que impida que el presidente y los funcionarios públicos utilicen el poder en su beneficio.

El analista Maxim Ross señala que a resultas del boicot que pedían los electores se ha producido, como un efecto espontáneo, pero casi milagroso, la unificación de la oposición. “La tan exigida unidad la dio el pueblo dejando de participar en un evento en el que no confiaban. Están así echadas las bases de un gran acuerdo de la oposición para construir una nueva política cuyo nervio central es que Chávez es perfectamente derrotable”, recalca el comentarista.

La hora de la verdad ha llegado, para el Gobierno y para la oposición. Los adversarios a Chávez deben construir un liderazgo creíble y compartir una estrategia que les permita confrontar con un proyecto arduamente elaborado y de largo alcance como el de Chávez. No será fácil para los aspirantes a reemplazar a los viejos dirigentes de partidos el obtener el liderazgo de una base opositora que se ha hecho cada vez más escéptica.

El pueblo venezolano no es el que se construye en Miraflores a base de dádivas y de ilusiones, de engaños y maquinaciones. El país parece estar saturado de Chávez, de su acercamiento a Cuba, de sus incendiarios discursos, de su ataques a la propiedad, de sus pretensiones quiméricas de alumbrar el socialismo del siglo XXI, socialismo que Henry Ramos, secretario general del partido socialdemócrata AD, ya calificó en estas páginas de La Vanguardia de “puro fascismo”. El venezolano no se involucra con la revolución. No hay militantes revolucionarios, sino gente necesitada que se aprovecha de la pretendida revolución. La tolera mientras le dé algo. Los siete años de promesas siguen siendo eso. Promesas sin cumplir. Chávez tiene poco que mostrar de sus realizaciones en siete años. Ni una obra palpable. Sus petrodólares, utilizados a troche y moche y al margen de toda legalidad, engrosan la chequera y propiedades de los más cercanos al líder, pero no aseguran la fidelidad de la población que no se conforma con limosnas, sino que quiere desarrollo y puestos de trabajo. Una abstención tan abrumadora sólo es posible con la masiva ausencia de los propios chavistas.

Alberto Garrido, principal estudioso de Chávez, señala que la abstención no fue solo de seguidores de la oposición, sino que un buen número de militantes y simpatizantes del presidente bolivariano decidió no votar. Señala el analista que un sector significativo del chavismo envió un mensaje a su líder. A finales del 2004, Chávez hizo señalamientos críticos sobre la gestión de gobierno, destacando tres problemas que debían ser erradicados: corrupción, ineficiencia y burocracia. Garrido recuerda que en el último año los medios de comunicación -oficiales y opositores- han reseñado numerosas movilizaciones de base protestando por los incumplimientos oficiales en materia de vivienda, inseguridad o desempleo, entre otros motivos. Quienes se identificaban como chavistas pidieron al presidente que impusiera correctivos a la mala gestión de sus colaboradores. Los más hartos son precisamente los más pobres, porque ven que a pesar de los 350.000 millones de dólares que ha ingresado el país en siete años, nunca saldrán de la miseria. La gente empieza a estar cansada de la demagogia oficial. Tal como dice un anuncio que se difunde en EE.UU.: mientras se envía petróleo barato a los habitantes de Boston con ingresos superiores a 50.000 dólares anuales, los vecinos del estado de Vargas, con un ingreso mensual de 110 euros, están abandonados a su suerte desde las inundaciones y deslaves de 1999 que provocaron 50.000 muertos.

Los abstencionistas le cobraron a Chávez la corrupción, el abuso de poder, la ineficiencia, la inseguridad, el burocratismo y el deterioro del país en su infraestructura de salud y educación. Tal como el presidente había pedido, fue un plebiscito…