Fuente: La República

Hace algunas semanas hablábamos en esta columna de la debilidad de lo público en nuestro país. Por público aludíamos no a las empresas del Estado, sino a aquello que nos concierne a todos. Consignábamos cómo y cuánto lo público se ha vuelto sinónimo de deficiente, por ejemplo, en términos de salud, educación o transporte.

De la crítica de lo existente a la condena de lo necesario hay un abismo. Que el nuestro falle, no significa que todo lo que viene del Estado tenga que ser malo o condenable. Criticar instituciones del Estado o algunas de sus administraciones de turno no es condición necesaria ni suficiente para proponer su desaparición. Los problemas reales de la televisión estatal no implican que, por principio, un canal público no deba existir.

Son reiterativas, hace algún tiempo, críticas radicales, que se reclaman antiintervencionistas, a la existencia de cuotas electorales –sean de mujeres o de jóvenes–, a la existencia del canal estatal o a la posibilidad de limitar ciertos contenidos noticiosos.

Creo que lo que subyace a estas críticas es la idea, que es una petición de principio, que el mercado por sí solo, o por la famosa y manipulada mano invisible, puede ocuparse de todo y resolverlo todo, desigualdades incluidas. ¡Como si estas no fueran, también, causadas por el mercado! Locke, fundador del pensamiento liberal en el siglo XVIII, definió al Estado como un medio para defender la propiedad privada. Pero de eso hace varios siglos y ya suena un poco viejo. Resulta irónico hacer de todo lo estatal lo malo de la película, cuando hay muchos, muchísimos, lugares de nuestro país en los que se necesita su presencia (eso sí, eficaz, eficiente y transparente).

Con argumentos del mismo tipo se cuestionan las políticas de cuotas electorales. Son políticas temporales, para resolver desigualdades extremas. Caso de mujeres o de jóvenes. Se equivocan quienes creen que esto es reconocer una inferioridad que reclama un paternalismo o maternalismo protector. Es atender a diferencias que se convierten históricamente en serias asimetrías. En este caso de acceso al poder político.Y eso solo lo puede hacer el Estado. La crítica en nombre de un purismo de oferta y demanda electoral, supone que solo desde esta lógica se pueden resolver problemas que, sin embargo, requieren decisiones y acciones específicas.

Tampoco hay que satanizar la posibilidad del autocontrol o control de la calidad de la información que brindan los medios. Esto no es censura. Es cierto que la información por sí misma no provoca violaciones o crimen o terrorismo. ¿Pero acaso un poco de buen gusto, hasta estético, vendría mal?

Como dice la gente sensata, lo perfecto es enemigo de lo bueno. O como decía Aristóteles, ni el exceso ni el defecto: el justo medio. Como una buena experiencia, para el caso, el autocontrol del Consejo de la Prensa Peruana, cuyo Tribunal de Ética cumple un magnífico papel, intentando vincular el ejercicio de la profesión con la ética. Otra vez, se puede pensar en lo bueno para todos, lo público en su sentido más fuerte. Cuando los medios nos informan responsablemente sobre el robo de documentos de nuestros archivos, ello permite que instituciones del Estado intervengan y tomen el asunto en sus manos.

Si hay una distinción que debería ser fundamental en el Perú, y no lo es, es aquella entre Estado y gobierno. El canal estatal no puede, no debe ser en absoluto un canal del gobierno de turno. La magnífica tradición de medios de comunicación estatales de las democracias europeas está ahí para probarlo. Sin duda lo privado, desde los años ochenta en Europa surgió para diversificar la oferta, que era solo estatal. Será bueno, a la inversa, que en el Perú lo público/estatal sirva para diversificar la oferta de lo privado.

Un poco de cultura y de pluralidad no hace mal a nadie. El fundamentalismo del mercado, por más libertad que reclame, sigue siendo fundamentalismo.