Fuente: Página/12

Los países de América latina han vivido sin dejar de sentir jamás la mirada del Otro, del más fuerte y hasta a veces, sin más, del Amo, en cualquiera de las formas en que este poder –el que constituye a un país en dominador de otro– se exprese. Hoy, y pareciera que con tanta o más fuerza que nunca, los republicanos y civilizados del Continente se preocupan al ver que varios países no hacen las cosas como deben ser hechas. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa decir “como deben ser hechas”? ¿Cómo deben ser hechas las cosas? Las oligarquías, los sectores dirigentes de América Latina, siempre tuvieron una visión lineal de la historia. La historia como tren. El tren de la historia. O nuestros países se subían a él o vegetaban fuera de ese tren, que era nada menos que el del devenir. Es decir, se convertían en países no históricos. O países sin historia. Si un europeo como Martin Heidegger pudo decir, en 1934, en un curso de Lógica, “los negros no tienen historia”, lo dijo por ese motivo: el Espíritu no anidaba en Africa. En Africa la historia no tenía lugar; todo lo que allí ocurría era naturaleza. De aquí que los dirigentes de nuestros países americanos se obstinen en verse presentables ante la mirada del Otro. El Otro es el Imperio de turno. Su marcha es la marcha del tren de la historia. Durante largas décadas todo se hizo en la Argentina para lograr la confianza británica, y hasta europea. Luego –hoy, por ejemplo– la mirada de Estados Unidos. Relaciones carnales, relaciones cheek to cheek, el Otro nos mira. Hay que alinearse. El alineamiento con Estados Unidos es central en la política del poder real en la Argentina de hoy. De aquí la furia y hasta las burlas sobre el Mercosur y la ponderación del ALCA como ese lugar en que el país debe estar.

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Fuente: Letras Libres

Tres tomas de postura desde tres escenarios clave –La Habana, Washington y Caracas–, para analizar la crisis de gobierno en Cuba a raíz de la enfermedad y traspaso de poder de Fidel Castro.

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Fuente: Letras Libres

La “memoria histórica” no se debe concebir como instrumento de control político, pero todo indica que así es, y que con ello se persiguen objetivos nítidos y nefastos. Ana Nuño advierte sobre una perturbadora nacionalización de la historia.

“Es deseable que una nación sea lo bastante sólida en sus tradiciones y honor para tener la valentía de denunciar sus propios errores. Pero nunca ha de olvidar las razones que justifican la estimación de sí misma. Es peligroso exigirle que se reconozca culpable y sólo culpable y condenarla a una pena perpetua”.
Albert Camus, Discursos y entrevistas

La aprobación de un conjunto de leyes “memoriales”, a las que recientemente se ha sumado un encendido debate parlamentario en torno a la proposición de ley de penalización de la negación del genocidio armenio, ha abierto en Francia un interesante y legítimo debate acerca de los límites que sería deseable trazar entre la libertad de investigación de los historiadores y la represión judicial de la divulgación de determinadas versiones de la historia. En diciembre de 2005, diecinueve historiadores de renombre (entre otros, Elisabeth Badinter, Marc Ferro, Mona Ozouf, Jean-Pierre Vernant, Pierre Nora, Pierre Vidal-Naquet y Michel Winock) publicaron en un popular diario1 un manifiesto, titulado “Libertad para la Historia”, en el que declaraban su tajante rechazo de “las cada vez más frecuentes intervenciones políticas en la estimación de sucesos del pasado y los procesos judiciales contra historiadores y pensadores”.

Más de cuatrocientos universitarios sumaron sus firmas a las de los promotores de esta iniciativa, en la que específicamente se definían como liberticidas artículos pertenecientes a cuatro leyes aprobadas: del 13 de julio de 1990, conducente a la represión de actos racistas, antisemitas y xenófobos (conocida como ley Gayssot); del 29 de enero de 2001, sobre el reconocimiento histórico del genocidio de los armenios de 1915; del 21 de mayo de 2001, mediante la que se reconoce que la trata y la esclavitud constituyen crímenes contra la humanidad (llamada ley Taubira), y del 23 de febrero de 2005, dedicada al reconocimiento del “papel positivo” de la colonización francesa en el Norte de África. Vale la pena citar extractos del manifiesto de los historiadores franceses, aunque sólo sea para tomar conciencia de la absurda situación en la que hoy se encuentran estos profesionales, obligados a desgranar el más elemental recordatorio de los objetivos de su disciplina, situación a la que conduce el excesivo celo de los poderes públicos metidos a legislar sobre lo que sea históricamente correcto o incorrecto:
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