Fuente: El País de España

Tenemos muchos motivos para estar preocupados. Los atentados terroristas perpetrados en todo el mundo, la llamada guerra contra el terrorismo y el aumento de las tensiones relacionadas con la inmigración se han conjugado para retratar al islam como una amenaza para las sociedades occidentales. El miedo y las patéticas reacciones que lo acompañan se han incorporado a la mentalidad ciudadana. Aunque a menudo son legítimas, esas reacciones están siendo explotadas con fines políticos.

Casi ninguna sociedad occidental se libra de las enojosas cuestiones acerca de la “identidad” o de las tensiones relacionadas con la “integración”. Los musulmanes deben afrontar alternativas bien definidas: pueden adoptar una actitud de víctimas, o hacer frente a sus dificultades y convertirse en miembros de pleno derecho de su propia historia. Su destino está en sus manos. Nada cambiará hasta que acepten la responsabilidad plena de sí mismos, realicen una crítica y una autocrítica constructivas, y respondan a la espeluznante “evolución del miedo” con una “revolución de la confianza” bien cimentada.

Los acontecimientos de los últimos años han llevado a los pueblos occidentales a enfrentarse a nuevas realidades. La presencia de millones de musulmanes entre ellos les ha hecho ser conscientes de que sus sociedades han cambiado. Ello ha dado lugar a temores e interrogantes legítimos, aunque tal vez los hayan expresado con cierta confusión.

Enfrentados a estos interrogantes, los musulmanes deben mostrar confianza en sí mismos y en su capacidad para vivir y comunicarse con toda serenidad en las sociedades occidentales. La revolución de la confianza dependerá de la fe en nosotros mismos y en nuestras convicciones.

La labor consiste en reapropiarse de nuestra herencia y desarrollar hacia ella una actitud positiva, aunque crítica, que afirme que las enseñanzas del islam llaman a los musulmanes a la vida espiritual y a la reforma de sí mismos. A su vez, los inmigrantes musulmanes deben respetar las leyes de los países en los que residen.

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Fuente: Perú.21

El tercer aniversario de la entrega del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es una buena ocasión para reflexionar sobre nuestra actitud frente a la posguerra y sus secuelas.

Cuando hace algunos años viajé a Chile me sorprendió saber que las bajas provocadas por la represión de Pinochet no eran treinta mil, sino alrededor de 3 mil muertos y algo así como mil desaparecidos, cifras de las Comisiones de la Verdad aceptadas por el grueso de los chilenos. Cada chileno muerto resonó, pues, en los medios de comunicación como si fuera diez. En cambio, en el Perú, se hablaba de 25 mil muertos, pero según el informe de la CVR el saldo final fue tres veces superior. Por cada tres peruanos desaparecidos los medios registraron uno.

Creo que esto expresa bien cómo se relacionan las sociedades chilena y peruana con las víctimas de la violencia. Para su sociedad la vida de un chileno vale mucho, mientras que en nuestro país la vida de un peruano vale muy poco.

La razón de esta diferencia no es un misterio: en Chile, y en general en todo el Cono Sur, las víctimas de la violencia pertenecían mayoritariamente a la clase media y esta tiene visibilidad social y política; capacidad de presionar, movilizarse y crear opinión pública. En Argentina el movimiento de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo tiene ya tres décadas presionando, habiendo impedido que los intentos por lograr la impunidad para los asesinos tengan éxito. En Chile, el Estado, las Fuerzas Armadas y hasta la Marina han reconocido su responsabilidad y pedido perdón a la sociedad chilena y a los deudos por lo sucedido. Se ha reparado e indemnizado individualmente no solo a los deudos de los asesinados, sino también a las 36 mil víctimas de la tortura, cosas que entre nosotros suenan a un sueño imposible. En cambio en el Perú las tres cuartas partes de los muertos eran indígenas: gente con una ciudadanía de segunda, muchos de ellos indocumentados. La violencia se inició justamente cuando por primera vez los analfabetos iban a votar, y aproximadamente el 20% de los peruanos en edad de votar no tenían documentos de identidad, gente de las zonas más pobres del país, precisamente las más afectadas por la violencia.

Por eso tantos muertos (que superan largamente los de nuestros más grandes conflictos internacionales, la independencia y la guerra con Chile) pesan muy poco sobre la conciencia de los peruanos. No se percibe a las víctimas como compatriotas a plenitud y por momentos se tiene la impresión de que esta fuera una guerra que se desarrolló en otro país. Precisamente esta sensación de extrañeza, que duró durante el conflicto interno mientras la guerra no golpeaba en Lima, es una de las razones que permitió la impunidad, la que a su vez alimentó las nuevas violaciones de los derechos humanos.

¿Cómo podríamos construir una democracia consistente si entre nosotros seguimos tratándonos de esta manera?

Fuente: La República

“Se ha terminado viviendo en guetos cerrados con rejas y buscando satisfacer necesidades de manera particular.”

Tenemos en el Perú una extraña experiencia de lo público. Un transporte público que no lo es; más bien es una jungla privada. Una educación pública que es sinónimo de deficiencia. Una salud pública que llega muy lentamente a pocos. La empresa pública ha llegado a ser casi una mala palabra.

¿Por qué tanto desprestigio o debilidad de lo público en nuestro país? Hay quienes piensan que la ola privatizadora de la década pasada puso tanto énfasis y empeño en el mercado que el concepto de lo público, vinculado en el sentido común al Estado, resultó totalmente devaluado.

Creo que el problema es más profundo y bastante más antiguo que diez años. Veamos un poco su significado y su historia. Si nos atenemos al Diccionario de la Real Academia Española, viene del latín respublica y refiere al cuerpo político de una nación y a una forma de gobierno en el que el poder reside en el pueblo; no es, pues, sinónimo de Estado o de religión.

En sentido fuerte, público significa aquello que es común a todos, a diferencia de lo privado, que nos atañe de manera particular. Público nos remite a aquello que es de interés general, de todos; en última instancia el bien común. Incluso quienes desde el pensamiento liberal –como el norteamericano J. Rawls– discuten la noción misma de bien común, consideran que lo público atañe a cuestiones constitucionales esenciales y de justicia básica. Es decir, aquello que nos afecta a todos.

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