Fuente: Web de Cooperacción
El Consejo de Ministros, presidido por el Dr. Jorge Del Castillo, se presentó ante el pleno del Congreso el pasado 24 de agosto de 2006. La exposición del primer ministro permitió confirmar algunos anuncios sobre lo que se había especulado en las últimas semanas. Sin duda uno de los temas más debatidos había sido el del aporte voluntario solicitado a las empresas mineras y que debe ser destinado al denominado Fondo para la Igualdad.

Del Castillo anunció que la negociación con los mineros “ha permitido llegar a un acuerdo […] el sector minero va a aportarle al país 2,500 millones de soles para llevarlo en obras concretas a los más pobres del Perú” . Señaló que se había optado por la formula del aporte voluntario debido a que esta solución “respeta el principio de estabilidad jurídica y a la vez permite obtener un aporte inmediato” que será destinado “a luchar contra la pobreza, la desnutrición y la exclusión social en las zonas más deprimidas del país”.

El debate parlamentario, declaraciones posteriores de miembros del gabinete y de los propios empresarios mineros, han permitido aclarar algunos puntos aunque todavía se mantiene la duda sobre algunos temas importantes.

Por ejemplo, está claro que el “aporte inmediato” anunciado no será tan inmediato. En todo caso, la cifra de 2,500 millones de soles espera ser alcanzada en los próximos cinco años; lo que significa un aporte aproximado de 500 millones por año que está muy por debajo de lo que algunos miembros del gabinete habían anunciado en los días previos.

Si bien se ha enfatizado que este aporte no compromete “las obras de responsabilidad social que hacen las empresas”, este es un tema que debe ser analizado con mayor detenimiento debido a la complejidad de fórmulas que han sido adoptadas por cada empresa y que hace sumamente difícil el registro de los distintos aportes y sus perspectivas. Por ejemplo, en Tintaya la empresa ha firmado un acuerdo marco que vence el próximo año y que debía ser renegociado. ¿Los resultados de esa negociación serán fondos independientes del aporte extraordinario acordado con el gobierno o pasarán a formar parte de él?

Pero también hay otros detalles que faltan precisar, por lo que será necesario revisar con mucho detenimiento el acuerdo marco y los convenios individuales que los empresarios han anunciado que firmarán con el gobierno en las próximas semanas para sellar lo pactado. Miembros de la Sociedad Nacional de Minería anunciaron en la conferencia de prensa realizada en la Presidencia del Consejo de Ministros el 25 de agosto, que solamente ha concluido la primera parte de la negociación. Por lo tanto habría que preguntar ¿qué es lo que falta negociar y qué es lo que esperan? Aquí presentamos algunas pistas sobre los temas pendientes: ¿cómo se manejará el fondo? ¿Cuál es el precio base para mantener el aporte extraordinario o en qué condiciones el aporte desaparecería? Y finalmente uno de los temas más controversiales ¿el aporte será deducible del impuesto a la renta como anhelan las empresas?

Las empresas han comenzado a sentar su posición sobre algunos de estos temas y se han reservado otros para la segunda parte de la negociación con el gobierno. Sobre el manejo del fondo algunos de sus voceros ya han anunciado que debe ser liderado por ellos con la participación de gobiernos regionales, municipales y representantes de la sociedad civil; la propuesta es crear fondos regionales . Cabe señalar que esta fórmula, en la práctica, es la que se ha venido implementando todos estos años alrededor de los aportes voluntarios en las zonas de influencia directa de sus operaciones.

En relación a la duración del aporte voluntario no hay hasta el momento ninguna precisión, aunque algunas empresas han comenzado a hablar de tener como referencia una banda de precios. También preocupa que no se haya dicho nada sobre si el aporte extraordinario será deducible, por ejemplo, del pago del impuesto a la renta como lo desean las empresas. Este es un tema crucial sobre el cual el titular del Consejo de Ministros no ha dicho absolutamente nada.

Lo cierto es que este nuevo capítulo que define las relaciones entre empresas mineras y el Estado afirma una tendencia peligrosa; la renuncia del Estado a asumir su rol de recaudación, a la legítima facultad que tiene de regular y por ejemplo definir nuevos impuestos. Si bien es cierto que algunas empresas tienen convenios de estabilidad jurídica, esto nunca ha sido un real impedimento para que puedan ser revisados bajo un esquema de negociación responsable y respetuosa. Esto ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo en el Perú y en cualquier parte del mundo. Está claro que se está optando por otra vía que confirma un escenario de desregulación y afirma la propuesta preferida por las empresas: mecanismos voluntarios y autorregulación. De nuevo, más de lo mismo.

El otro tema planteado en el discurso del Primer Ministro es la creación de una unidad de prevención de conflictos que tendrá por finalidad “articular con los poderes del Estado, organizaciones empresariales y sociales para la prevención y solución temprana de conflictos que pueden dañar la gobernabilidad del país”. “Nos estamos adelantando a los acontecimientos” ha señalado Del Castillo en una reciente entrevista .

En realidad no se están adelantando mucho, como lo demuestra el conflicto de Combayo. Además, la iniciativa de una unidad de conflictos tampoco es una novedad; en la administración pasada ya existía una, precisamente en la Presidencia del Consejo de Ministros. Por lo tanto se debe revisar con atención las experiencias pasadas y cualquier nueva intervención tiene que partir de aceptar que la primera gran tarea para cualquier organismo del Estado es recuperar la confianza de todos los actores, sobre todo de las poblaciones. No debemos perder de vista que el Perú es un país que presenta una débil gobernabilidad y que por ejemplo el conjunto de instituciones vinculadas a la minería, a la gestión ambiental y al desarrollo del país, no han contado con las capacidades ni con las herramientas para gestionar de manera adecuada los conflictos y convertirlos en una oportunidad.

El desafío por lo tanto es construir una institucionalidad acorde con las demandas, que tenga una real capacidad de gestión para manejar la dimensión social y ambiental de los conflictos. Esto implica, por ejemplo, revisar el papel que han desempeñado diferentes dependencias estatales vinculadas con la problemática minera y buscar construir un escenario de gestión equilibrada, independiente y de colaboración entre los diferentes grupos de interés en las zonas mineras. Es sólo de esta manera que los organismos del Estado peruano, encargados de la gestión minera, podrán recuperar la confianza de las poblaciones y superar la percepción que su actuación no es neutral.

Finalmente, también se mencionó en el discurso el tema laboral: el exceso en el uso de los services y el hecho que los trabajadores que no tienen relación directa con las empresas mineras no acceden al cobro de utilidades. La propuesta presentada por el Primer Ministro plantea que los trabajadores de los services tengan acceso al pago de utilidades. Las empresas se han pronunciado a favor y todavía falta saber cuál será la posición de los sindicatos.

Sin duda el tema minero seguirá siendo fuertemente debatido en las próximas semanas. Las propuestas planteadas por el premier apenas abordan algunos aspectos de una agenda minera que es sumamente compleja, como nos lo recuerdan los conflictos. Además, no habrá que perder de vista los convenios que se firmarán con las empresas.