Lima, 11 de agosto 2006

En los primeros diez días de su segundo mandato el presidente Alan García Pérez, acaba de iniciar una campaña  para que Perú vuelva a tiempos del ojo por ojo y diente por diente. Se inspira en la ley del talión de la Biblia y propone que los violadores de niños deben ser condenados a muerte. El es un convencido de la necesidad de esa pena legal a ilegalmente. Cuando en 1986 era Presidente de la república y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, cerca de trescientos presos acusados de senderista fueron liquidados y ultimados por las fuerzas armadas en las cárceles de Lima. Ahora, se siente intérprete del sentir popular. Como más del 70 de la población quiere la pena de muerte para los violadores de niños, tres meses antes de las elecciones regionales y municipales. Con el mismo razonamiento de los responsables de la TV basura, cree que debe dársele  al pueblo lo que le gusta.  En vez de actuar como estadista, colocándose encima de la reacción primaria del ojo por ojo, prefiere apelar a un gesto muy fácil y confundirse con quienes reaccionan frente a los hechos clamando simplemente la venganza.

En el Perú hemos ganado algunas batallas contra la pena de muerte. Ahora sólo es posible recurrir a esa pena  en caso de traición a la patria. Antes, fusilaron a algunos violadores y la pena no sirvió para nada, salvo para demostrar los errores judiciales de condenar a ciudadanos negros y “cholos” considerados monstruos y que después de muertos se supo que eran inocentes. La pena de muerte, informal, ilegal, inconstitucional, se aplicó en Perú en los 20 años de violencia política y es suficiente leer el “Informe final” de la Comisión de la Verdad  y el libro “Muerte en el pentagonito”  de Ricardo Uceda para conocer el horror de lo que era la práctica sistemática de torturar, violar, matar y desaparecer a los enemigos. No se trata de suposiciones sino de evidencias monumentales.

Frente a la violencia social que crece en los últimos tiempos  sólo se apela a soluciones policiales. Que maten a los violadores,  más cárceles, más policías, claman los devotos de la ley del talión.  Las cárceles peruanas de hoy no tienen nada que ver con la regeneración y recuperación de los condenados, son sólo escuelas para refinar lo que ya saben quienes hasta allí llegan. En los últimos seis años, muchas personas que alguna vez pasaron por predios de la izquierda se han convertido a la causa de las soluciones policiales revelando una profunda vocación por lo que suelen hacer los ministros del interior. De incendiarios pasaron a bomberos y en la transición que el acomodo estructural supone, perdieron de vista las profundas causas sociales que explican la violencia.

Hubiera sido extraordinario que el presidente García presentara dos o tres ideas para reemplazar las cárceles por centros de trabajo y recuperación humana y cambiar a todo el personal policial y civil que se ocupa de los presos y que les ofrece todo lo que necesitan para salir más avezados. Si queremos cambios serios debemos inventar una sociedad sin cárceles. Ahí se encuentra la madre del cordero y no en matar con premediación, alevosía y ventaja para realizar objetivos subalternos. Con más condenados a muerte, más cárceles, más policías y más armas para matar sólo se ofrece más de lo mismo,  se administra lo que hay y se renuncia a toda solución posible del problema.

Habemos muchas personas en Perú que no creemos en la pena de muerte, venga de donde venga, en todo momento, y que haremos lo posible por evitar que la propuesta de Alan García nos devuelva a tiempos bíblicos de la venganza pura y simple. No se  trata sólo de los pocos  intelectuales críticos que quedan sino también de jueces, abogados, constitucionalistas, hombres y mujeres, con suficientes argumentos para no volver a los primeros pasos de la vida humana.
En esta campaña García Pérez cuenta con el apoyo del 90 por ciento de los medios de comunicación que desde tiempos de Fujimori ha refinado su capacidad de bailar al son de la música que el poder de palacio impone y que ha perdido casi todo el poco espíritu crítico que tenía.

Si examinamos con más atención esta campaña a favor de la pena de muerte, es pertinente preguntarnos si no hay cartas guardadas debajo de la mesa, como parte de otra intención que se escuda en el silencio.  Cualquiera que sea el camino escogido para reimplantar la pena de muerte,  Perú se pondría al margen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los ciudadanos peruanos perderíamos la posibilidad de apelar a esa corte para defendernos de los fallos de las cortes peruanas. Esta conquista es mucho más importante de lo que se supone y perderla significaría un enorme paso atrás. En este punto es inevitable apelar a nuestra memoria. En tiempos muy recientes, Alberto Fujimori, ciudadano japonés que nos gobernó entre 1990 y  2000, intentó denunciar parcialmente el acuerdo de San José con propósito de impedir que los militares  responsables de miles de asesinatos, debidamente probados por la Comisión de la Verdad, sean liberados de culpa. Fracasó en su intento y su ley de amnistía a los criminales del comando terrorista Colina y otros militares fue felizmente rechazada. Habría que ser muy ingenuos para suponer que el ataque a la Comisión de la Verdad en las últimas semanas por parte del cardenal Cipriani, de los militares en retiro y del propio García y otros dirigentes apristas no tenga nada que ver con este deseo de reimplantar la pena de muerte. Lo que los militares, la clase política, con honrosas excepciones, y  la cúpula de la iglesia católica quieren es que el olvido entierre a la memoria, que no se juzgue a nadie, que todos los crímenes cometidos queden impunes porque habrían sido cometidos para salvar a la llamada democracia peruana. García Pérez quisiera que nunca más se hable de su responsabilidad en el asesinato de los presos en los penales y de otras masacres cometidas cuando él era jefe supremo de las fuerzas armadas.

Por navegar en el mismo rumbo que Fujimori y por sus abrazos parlamentarios con los fujimoristas, García Pérez tendrá que rendir cuentas a las bases de su propio partido y a las y  los electores que votaron por él, con el tristísimo y peruanísimo consuelo de encarnar el mal menor. Su romance con la derecha y el apoyo de los fujimoristas podrían servirle como leños para multiplicar el fuego.