Tomado de Perú21

Hace algunos años, Michael Ladwig, académico norteamericano, reflexionaba sobre los objetivos de las reformas educativas introducidas en Estados Unidos en un artículo titulado ‘¿Para quién es esta reforma?’. Sus ideas parecen particularmente pertinentes ahora que iniciamos un nuevo gobierno y dada la poca información con la que contamos acerca de algunas propuestas de política planteadas en las últimas semanas.

Según Ladwig, las políticas educativas con frecuencia no buscan satisfacer objetivos públicos -como el mejoramiento de la educación-, ni responden a criterios propiamente políticos -consultados y negociados- o técnicos, sino que son producto de los intentos de los hacedores de política por ganar o mantener posiciones de influencia en el campo educativo.

Mirando la política educativa de las últimas décadas, podríamos plantear que en el Perú esta tesis cobra más fuerza dada la enorme debilidad institucional y la falta de mecanismos que faciliten y promuevan la rendición de cuentas. Aquí, con frecuencia, no se pide a los políticos que justifiquen las decisiones que toman cuando están en el poder, y en los mejores casos, solemos estar más concentrados en fiscalizar el manejo de los recursos que en evaluar la coherencia de las políticas y su impacto en el mejoramiento de la educación.

En un campo como el educativo, donde los resultados tienden a verse solo en el largo plazo, esto muchas veces lleva a una reinvención permanente de la política educativa, con frecuencia terminológica más que sustancial. Esto, que es un mal común a varios países de la región, ha llevado a que se hable de un ‘complejo adánico’ entre nuestros especialistas educativos, quienes, cuando alcanzan posiciones de influencia política, suelen querer (re)inventar cuanto encuentran a su paso.

Algunas acciones recientes de los representantes del gobierno aprista llaman la atención en este sentido. El proceso de transición parece haberse orientado a identificar puntos para atacar lo hecho hasta ahora en vez de plantear cómo construir y mejorar sobre la base de lo avanzado. Tanto las críticas a las políticas de capacitación como los ataques en contra de la congresista Helfer -una de las principales gestoras de la Ley General de Educación- y del Consejo Nacional de Educación parecen orientados a sacar de escena a actores importantes que pudieran tanto hacer contrapeso como dar mayor legitimidad a las decisiones del Gobierno. A esto se suma el anuncio- repetido el 28 de julio- acerca de la introducción de una política municipalizadora que poco parece tomar en cuenta lo planteado por la Ley General de Educación o lo avanzado en términos de la descentralización educativa, y que además, no parece articularse con un proyecto educativo coherente.

Cabría preguntarse, como Ladwig, para quién serán estas reformas, y esperar que no se trate de un caso más del consabido complejo adánico sino de un esfuerzo serio y justificado por mejorar la educación peruana.

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